Este 15 de enero de 2003, en Costa Rica da inicio el juicio penal en contra de tres dirigentes populares: Trino Barrantes quien es el actual presidente del Partido Pueblo Unido Vanguardia Popular, Rocío Céspedes quien es fundadora del Sindicato Patriótico de Educadores y Célimo Guido quien es exdiputado del partido Fuerza Democrática.

Estas tres personas, junto con más de mil costarricenses, participamos en la jornada patriótica de protestas en contra del establecimiento de la transnacional RITEVE S.A., empresa a la cual se le adjudicó, de forma exclusiva, la revisión técnica vehicular. La férrea oposición de aquel momento se manifestó principalmente a través del bloqueo de las vías públicas que realizaron los sectores a los que más les afectó desde ese momento el funcionamiento de esta empresa, tales como campesinos, transportistas y mecánicos automotrices particulares.

Sin embargo, seis meses después del establecimiento de RITEVE S.A., el permanente aumento en el costo de la revisión, así como el incremento en los estándares que se revisan, ha empezado a afectar a amplios sectores de la población costarricense.

COYUNTURA DE LOS BLOQUEOS DE VÍAS PÚBLICAS

Costa Rica país que se premia por su consolidada democracia, paradójicamente tiene un gobierno que le ha suprimido al pueblo todas las formas de participación política en la toma de decisiones.

De esta manera, desde hace más de dos décadas los gobernantes neoliberales costarricenses, de manera inconsulta, paulatinamente ceden y venden los bienes públicos, razón por la cual, en los últimos veinte años, el pueblo se ha visto obligado a recurrir al bloqueo de vías públicas como último mecanismo de efectiva participación política.

Al respecto se debe recordar como ejemplo que en el 2000 la Asamblea Legislativa había aprobado la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad, la empresa más grande de Centroamérica y que sólo gracias a los bloqueos fue posible impedir la venta de este activo estatal.

Por su parte, el gobierno lejos de atender esta situación de ingobernalidad y propiciar mecanismos de partición popular, por el contrario, crea en el 2002, una ley que penaliza con cárcel a aquellas personas que bloqueen las vías públicas.

EL JUICIO POLÍTICO

Para cuando se dieron los bloqueos de vías públicas en contra del establecimiento de Riteve S.A., julio del 2002, la ley que penaliza los bloqueos, no había entrado en rigor, ni existía antecedente legal de haberse enjuiciado a alguien por participar en tales manifestaciones. Además, durante los dos días de protestas, participaron más de mil costarricenses y hasta el día de hoy no existen pruebas suficientes para acusar a estos dirigentes de otra cosa que no sea el defender los derechos humanos del pueblo costarricenses.

Cabe preguntarse: ¿Por qué estas tres personas están siendo llevadas a los tribunales?

Para responder a la pregunta anterior se hace necesario recapitular algunos elementos previamente.

Estas tres personas pertenecen a distintas organizaciones políticas, pero confluyen en un frente amplio de lucha, el Frente Cívico de Occidente, organización que denunció ante el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio Público, el millonario financiamiento que empresarios privados dieron en forma personal a los candidatos a presidente de los dos partidos mayoritarios en las pasadas elecciones: el actual presidente socialcristiano Abel Pacheco y el socialdemócrata Rolando Araya. Lo cual, según el código electoral vigente, es una acción ilegal.

Las denuncias presentadas por este frente, fueron muy bien acogidas por los medios de comunicación opuestos al presidente Abel Pacheco, lo cual constituyó un fuerte elemento de presión que afectó a este gobernante así como a sus parientes inmediatos y allegados políticos, quienes también se vieron implicados en estos financiamientos.

El presidente y sus secuaces, en represalia, ordenaron al Ministerio Público iniciar la demanda en contra de sólo los tres insignes compañeros del Frente Cívico. Lo que le correspondía hacer al estado desde su lógica represora era enjuiciarnos a todos los costarricenses que nos opusimos al establecimiento de Riteve S.A., lo cual le hubiese implicado un costo político mayor y la inviabilidad legal de aplicar leyes antibloqueos de manera masiva.

La demanda penal y el respectivo juicio contra los dirigentes populares Trino Barrantes, Roció Céspedes y Célimo Guido está injustamente amañada, por el gobierno neoliberal costarricense, a tal punto que a los imputados se les está cobrando las bombas lacrimógenas detonadas el día de los bloqueos en perjuicio de la humanidad, no sólo de los manifestantes, sino también en perjuicio de los habitantes de varios barrios pobres del país.

Por las razones expuestas es que no nos cabe la menor duda de calificar a este juicio como político.

¡SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

Nota:

Convocamos a la comunidad nacional e internacional para que envíen mensajes de solidaridad a estos tres dirigentes, los mismos pueden ser dirigidos a las siguientes direcciones:

Fax: (506) 447 2991

Además, hacemos un llamado a protestar en contra de los gestores de tan injusto juicio, razón por la cual convocamos a enviar mensajes de protesta dirigidos al presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, a las siguientes direcciones:

Fax: (506) 353 9078

En ambos casos, sea para mensajes de solidaridad o de protesta agradecemos nos envíen copias de los mismos a:

Fax (506) 225 9640