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Cañoneras a la vista y trapos al aire
ORLANDO ORAMAS LEÓN
A despecho de su tradición pacifista, Costa Rica abrió sus puertos a cañoneras norteamericanas, en lo que medios opositores calificaron como el involucramiento de la nación centroamericana en el Plan Colombia, cuyo propósito contrainsurgente ya nadie pone en duda.
Hace unos días la Asamblea Legislativa tica aprobó un permiso de atraque para 15 naves del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, que participarán en misiones de patrullaje conjunto.
La operación se ampara a un convenio antidrogas suscrito en 1999 por los gobiernos de Washington y San José, por el cual el Congreso estadounidense aprobó una partida de 1,9 millones de dólares para, según el ministro de Seguridad, Roberto Ramos, el equipamiento de las embarcaciones costarricenses.
La patente de atraque fue conseguida a pesar de denuncias y objeciones de diputados sobre exigencias de Estados Unidos para que su personal militar reciba trato preferencial en suelo tico, incluida la imnunidad.
Ante el plenario legislativo debieron comparecer tanto el titular de Seguridad como el canciller, Roberto Tovar, quien negó favoritismo para los efectivos norteamericanos. Pero el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Rodrigo Alberto Carazo, consideró inaceptable que los militares y tripulantes de las cañoneras tengan libre movimiento y puedan ingresar al territorio nacional sin pasaporte ni visa. Asimismo, criticó la renuncia jurisdiccional costarricense a formular reclamos por daños, destrucción de la propiedad, lesiones o muertes de nacionales.
No es la primera vez que el tema se discute en el Congreso tico. En julio pasado el legislativo objetó que al amparo del patrullaje conjunto se incluyeran embarcaciones de guerra de mayor porte. El asunto cobra otra vez vigencia, pues el Pentágono vuelve a la carga en sus pretensiones de que la Marina de Guerra, la misma que bombardea en Vieques, tenga puerto libre en Costa Rica.
Mientras la otrora llamada Suiza de Centroamérica se abre al expansionismo guerrerista de Estados Unidos, el panorama político local se enrarece con denuncias sobre financiamiento ilícito de la campaña que llevó a la presidencia al actual mandatario, Abel Pacheco.
El Jefe de Estado acaba de regresar de un viaje a Taiwán, con quien su gobierno mantiene estrechas relaciones diplomáticas y políticas. Humberto Arce, jefe de la fracción parlamentaria del PAC, envió al Jefe de Estado una misiva en la que lo insta a demostrar que su campaña no estuvo untada con el dinero de Taipei.
El entonces candidato a presidente por el Partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC) cosechó gran popularidad ciudadana con su discurso contra la corrupción política y promesas de transparencia en su administración.
Ahora Pacheco argumenta que no tenía la menor idea de cómo el PUSC manejó las finanzas electorales, luego de conocerse que a las arcas del partido ingresaron 30 000 dólares de un empresario extranjero.
En su misiva al Jefe de Estado, el diputado Arce le escribe que "con asombro escuché a importantes ex colaboradores suyos reconocer públicamente cómo en su comando de campaña se preguntaba con insistencia si había llegado la plata" de los taiwaneses.
Según denuncia hecha pública, el dirigente del PAC afirma que Pacheco recibió, de una sociedad anónima inscrita en Panamá, más de un millón de dólares durante la campaña electoral.
En Costa Rica el Estado financia las campañas políticas y la Constitución prohíbe expresamente el financiamiento de personas físicas o jurídicas del extranjero, y lo sanciona con penas que van de dos a seis años de prisión.
Mientras el flagelo de la corrupción vuelve a asomar los trapos sucios de la clase política a la ciudadanía, en el horizonte se perfilan las siluetas de las cañoneras norteamericanas, como para recordar el regreso de la época en que la Armada de Estados Unidos imponía la política imperial en la región.
